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El Gobierno plantea que los vecinos veten con mayoría simple los pisos turísticos

Solo harán falta tres quintas partes de apoyos en una comunidad para limitar esta actividad, para la que se  creará un registro estatal único. La idea de que sean las comunidades las que puedan vetar esta actividad en auge, y que genera numerosos ingresos para los propietarios de esos inmuebles, ha surgido fruto de la negociación de la mesa de  trabajo del Ministerio de Industria,Comercio y Turismo para regular  esta actividad. 

Se trata de una primera reunión de este grupo, en el que han participado los representantes del ramo de las comunidades autónomas, así como el Ministerio de Fomento, Economía y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). También han asistido casi una veintena de invitados del sector hotelero,
empresarial, las plataformas, los vecinos, consumidores y sindicatos. En concreto, han establecido que
podrá ser una mayoría simple –tres quintas partes– de los vecinos los que prohiban, en su caso el establecimiento de los pisos turísticos. La propuesta implica, en buena medida, que se traslada a los propietarios la responsabilidad de determinar una vivienda para esos fines económicos,
teniendo en cuenta las molestias que suelen causar al resto de propietarios por la continua entrada y salida de turistas en los bloques donde existan estas viviendas de alquiler temporal. La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, aclaró ayer que todas las comunidades han mostrado unanimidad a la hora de cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para rebajar la mayoría necesaria para la toma de cualquier tipo de decisión en este sentido. El auge de este tipo de alquileres que se produce coincidiendo con una cierta desaceleración del crecimiento del sector turístico en España ha llevado al Ejecutivo a proponer la modificación de dos leyes clave en cuándo se puede usar una vimateria de vivienda para regular este fenómeno: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), para acotar el alquiler de temporada  «una cuestión demandada por las comunidades autónomas para evitar lagunas en sus ordenamientos jurídicos», así como la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en el sentido de modificar la mayoría necesaria para realizar un cambio de estatutos.

En este sentido, el planteamiento del Ejecutivo pasa por delimitar en la LAU el arrendamiento de temporada a aquel que se realiza por períodos mínimos de siete días consecutivos, pero que en su totalidad no suponga el arrendamiento de la vivienda durante más
de 45 días al año. La secretaria de Estado de Turismo ha destacado el papel de las comunidades
y ayuntamientos en materia de ordenación turística. «El Gobierno no va a entrar en ninguna
competencia de ninguna comunidad autónoma. Tenemos muy claro cuales son las competencias estatales
y las de las comunidades autónomas. Las competencias en materia de ordenación turística son exclusivas
de las comunidades. Cada región legisla según aquello que piense que va ser mejor a su comunidad»,
explicó la secretaria de Estado, puntualizando en que «no va a haber una armonización».

La Administración se está planteando la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico
como instrumento de control y regulación que les servirá a las comunidades autónomas para verificar
que se cumple su norma. Información de utilidad Sería un registro estatal único con el objetivo de otorgar seguridad jurídica tanto a la persona que alquila como a la que quiere alquilar. Estaría conectado con el Ministerio de Interior para en tiempo real saber las personas que están en cada una de las viviendas, conectado con Hacienda para que se cumplan las obligaciones tributarias. «Tendríamos un mapa de viviendas de uso turístico que ahora mismo no tenemos», según Oliver. El grupo de trabajo también se
encuentra en estos momentos discutiendo la propuesta sobre la definición única de vivienda de uso turístico, un aspecto que aún no está cerrado. Además, Oliver anunció que en unos días se retomará la reunión para concretar los acuerdos. Después habrá más encuentros donde se dará voz a aquellas entidades, plataformas, asociaciones de consumidores, sindicatos y agentes ligados a esta problemática.
También explicó que las comunidades tienen ahora un plazo de siete días, hasta el próximo martes 2 de
octubre, para hacer llegar a la Secretaria de Estado de Turismo sus observaciones sobre las propuestas presentadas.
En el caso de Andalucía, Málaga concentra la mayoría de las viviendas turísticas con 125.000 plazas,
de ellas más de 23.000 están en la capital de la Costa del Sol, que ha duplicado su oferta en el último año.

Fuente: Diario Málaga